Después de más de seis meses de demoras, el Ministerio de Trabajo no dio lugar al recurso jerárquico presentado por la Lista Verde y Blanca por fraude electoral. Sin embargo, se desató una polémica por la filtración indeseada de un Proyecto de Resolución original, donde si daba por válido el reclamo de la Lista Verde y Blanca y ratificaba la existencia de múltiples irregularidades en el proceso electoral del 2 de marzo pasado, según informó el medio Data Gremial.
Cabe recordar que el recuento provisorio dio como ganador al espacio opositor, la lista Verde y Blanca, por 818 contra 809 del oficialismo. Sin embargo, luego de una semana, en el recuento definitivo el oficialismo se autoproclamó ganador.
Los hechos
La cronología es la siguiente: consta en el expediente electrónico que tramita el proceso electoral, un Dictamen y un Proyecto de Resolución del martes 16 de Agosto firmado por César Ceresa, Director de Gestión Documental, donde se detallan todas las irregularidades de las elecciones (proscripción de trabajadores de la AGP, robo de votos de Tierra del Fuego, etc), avala lo solicitado por la Lista Verde y Blanca, declara la nulidad de las elecciones y ordena a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales avanzar con el nuevo proceso electoral (imagen 1 y 2).
Dos semanas después de la elevación de esos documentos, el jueves 1 de Septiembre, sin ningún tipo de argumentación legal, la Directora General de Asuntos Jurídicos de Trabajo, Silvia Cruz, solicita rever el criterio vertido en el dictamen, dejando este pedido por escrito dentro del expediente.
El Jueves 8 de septiembre, aparece en el expediente un nuevo dictamen, esta vez firmado por Florencia Lorefice, Directora de Dictamines, contradiciendo el Dictamen y el Proyecto de Resolución del Ministro Moroni, originalmente aprobado, rechazando el pedido de recurso jerárquico de la Verde y Blanca.
Finalmente, el día viernes 16 el titular de la cartera laboral, firma una Resolución en línea con el Dictamen que modificaba la decisión original.
El interrogante es porqué el Ministerio de Trabajo desconoció los criterios de sus propios funcionarios, lo que permite suponer que en el giro entre la recomendación técnica y legal y la resolución política existe un claro tinte polémico.
Para los apoderados de la Verde y Blanca, “la política metió la cola” y se impuso por sobre el análisis jurídico del reclamo. Concretamente, apuntan a otro gremio del sector, que ahora “anexó” a APDFA y lo coordina desde un ámbito externo.
FUENTE: DATA GREMIAL
