El Gobierno pudo destrabar el conflicto generado ayer tras el fallo judicial que impidió seguir con las obras al Ministerio de Transporte, en conjunto con Aeropuertos Argentina 200 y que prohibió a Flybondi operar, como se estipulaba a partir de febrero. La magistrada Martina Forns había dictaminado el fallo por irregularidades en la ex base aérea militar para seguir con las obras, aunque permitió que se siguieran refaccionando y remodelando algunos sectores que estaban aptos. Finalmente, la magistrada rechazó el pedido de amparo a pedido del Gobierno para suspender las obras en el aeropuerto, por lo que continúan las mejoras en la terminal de pasajeros actual y el mantenimiento de la pista.
Sin embargo, aún queda pendiente la respuesta de la Secretaría de Derechos Humanos, que debe decidir si el plan del Ministerio de Transporte para convertir el lugar en una terminal aérea militar y comercial, entorpece alguna evidencia vinculada a causas de lesa humanidad.
Cabe recordar que el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo No. 2 de San Martín ejecutó el dictamen frenando las obras luego de que la magistrada a cargo hiciera una visita ocular el pasado lunes. La Justicia intervino luego de un recurso de amparo presentado por los vecinos y organismos de Derechos Humanos. Desde el Ministerio a cargo de Guillermo Dietrich, anunciaron a Notitrans que “se hicieron todos los estudios correspondientes” y que “no hay nada que impida que se pueda poner en funcionamiento el aeropuerto”.
Por su parte, el fallo judicial solicitó que antes de comenzar las operaciones, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) evalúe un estudio de impacto ambiental y que los organismos competentes se expidan sobre el sitio de la memoria que se encuentra en la zona de hangares, el otro tema de discusión. Desde Transporte, aclararon que la compañía low cost Flybondi es el responsable de presentar el estudio de impacto ambiental.
