Luego de no llegar a un acuerdo con las Cámaras Empresariales y ante la decisión de la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) de realizar un paro de 72 horas, el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria y fijó una audiencia para el 7 de marzo a las 11. El conflicto es por la falta de revisión de los acuerdos salariales vigentes y del bono de fin de año 2022.
Esta determinación obliga al gremio conducido por Pablo Palacio a evitar llevar adelante medidas de fuerza hasta la próxima reunión y a la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) y la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores a “abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona”, así como también “otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal”.
La discusión había comenzado ya en noviembre del año pasado cuando URGARA solicitó al Ministerio revisar los acuerdos salariales julio 2022 – junio 2023 para los 3 convenios de la actividad por la situación económica del país. En uno, el de puertos, llegaron a un acuerdo por el 30% y un bono cobrado en enero, superando el 100% de la paritaria anualizada, pero los otros dos siguen demorados. Por eso, en febrero el gremio había manifestado estar en “estado de alerta y movilización”.
En ese marco es que el gremio había dispuesto llevar adelante la medida fuerza por 72 horas “para lograr, de una vez por todas, que el sector empresarial recomponga el poder adquisitivo de los trabajadores de acopio y control”, según dijeron. También agregaron del sindicato que los empleados de su rama “solo ven pasar la riqueza que generan” y que “en todo este tiempo sólo nos han hecho partícipes del impuesto al trabajo. Nunca fuimos socios en las ganancias y no lo seremos en pérdidas. Es hora de poner los balances sobre la mesa”.
Cabe destacar que URGARA integra la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
