Con la publicación de la resolución 827 en el Boletín Oficial este 19 de mayo, el Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de más de 4400 kilómetros de rutas actualmente operadas por la empresa estatal Corredores Viales. Entre los tramos incluidos se encuentran la autopista Ricchieri, la Ezeiza-Cañuelas, la autopista Newbery, las rutas nacionales 3, 5 y 7, y accesos estratégicos a los puertos agroexportadores del litoral, como los de Rosario y alrededores.
El proceso contempla la convocatoria a audiencias públicas, que se desarrollarán entre el miércoles 11 y el viernes 13 de junio en San Miguel del Monte, Junín y San Nicolás. Según indica la resolución, estas audiencias tienen por objetivo informar a la ciudadanía, a organizaciones públicas y privadas y a autoridades locales sobre el proyecto “Red Federal de Concesiones – Etapa II”, y son un paso necesario para habilitar las futuras licitaciones.
Los tramos a concesionar fueron organizados en ocho corredores según su ubicación geográfica: Acceso Sur, Sur, Atlántico, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. Los interesados en participar de las audiencias deberán inscribirse antes del 9 de junio a través de la web de Vialidad Nacional, en las secciones correspondientes a la Red Federal de Concesiones o Espacios Participativos.
La decisión se enmarca en la segunda etapa del plan de privatización de rutas, impulsado por el presidente Javier Milei. En abril, Corredores Viales había asumido de forma provisoria el control de los tramos conocidos como “rutas del Mercosur” —incluyendo las rutas 12, 14 y el puente Rosario-Victoria— tras el vencimiento de la concesión anterior, a la espera de nuevas adjudicaciones.
La empresa estatal Corredores Viales gestiona más de 6 mil kilómetros de rutas, lo que representa un tercio del tránsito en la red vial troncal del país. Su privatización fue autorizada en febrero mediante el decreto 97, que encomendó al Ministerio de Economía la disolución y liquidación de la compañía una vez adjudicadas las nuevas concesiones.
El proceso ha generado críticas por parte de sectores que alertan sobre el posible incremento de tarifas y la reducción de controles estatales en la calidad y seguridad de los servicios viales.
