Desde este lunes, la operación y mantenimiento de las rutas nacionales 12 y 14 volvió a estar a cargo del Estado nacional, a través de Vialidad Nacional, tras la finalización del contrato de concesión que tenía el consorcio Caminos del Río Uruguay (Crusa). Ambas rutas son clave para el comercio regional, ya que conectan el Litoral argentino con Brasil, Uruguay y Paraguay.
El traspaso se produce en un contexto en el que el Gobierno había anunciado una nueva licitación, que aún no fue concretada. Según un comunicado previo de Vialidad Nacional, la convocatoria para adjudicar un nuevo concesionario privado estaba prevista para diciembre de 2024, con toma de posesión estimada en abril de 2025. Sin embargo, ese cronograma no se cumplió.
Fuentes oficiales indicaron que se espera el ingreso de un nuevo operador en septiembre. Hasta entonces, Vialidad Nacional asumirá tareas básicas como bacheo, corte de pasto, asistencia al usuario y mantenimiento general.
La concesión que ahora finaliza se inició en 1990 y fue prorrogada en varias oportunidades. En octubre de 2023, Crusa debía abandonar la operación, pero logró una prórroga judicial por seis meses. Esa extensión venció este mes y no fue renovada.
El consorcio Crusa advirtió sobre los posibles riesgos de seguridad vial en esta etapa de transición y aseguró haber invertido US$870 millones en infraestructura. Además, señaló que el congelamiento de las tarifas de peaje limitó su capacidad de operación. En paralelo, el Gobierno le aplicó multas por al menos $60.000 millones, de acuerdo con fuentes oficiales.
Además de la disputa por el contrato, Crusa mantiene un reclamo judicial contra el Estado por US$300 millones por presunto incumplimiento. También hay tensión por la situación laboral de unos 500 trabajadores que dependían de la concesionaria. La semana pasada se registraron protestas en las rutas y en la autopista Riccheri por el futuro de los empleados, sin definición concreta por parte de las autoridades.
Mientras se aguarda una nueva licitación, la administración de las rutas nacionales 12 y 14 queda momentáneamente en manos del Estado, en un escenario que contrasta con la política de privatizaciones impulsada por el actual Gobierno. Hasta ahora, la gestión nacional concretó solo una venta —la de la empresa IMPSA— y mantiene abiertas negociaciones sobre otras compañías estatales.
