Trabajadores y trabajadoras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) manifestaron su rechazo al cierre del organismo dispuesto por el Decreto 461/2025, que establece su disolución y la transferencia de funciones a Gendarmería Nacional. La medida fue cuestionada por distintas organizaciones, entre ellas la Fundación Estrellas Amarillas, que acompañó un comunicado donde se advierte que la decisión pone en riesgo la seguridad en rutas y caminos de todo el país.
Según el comunicado difundido por el personal de la ANSV, la agencia fue creada en 2008 por la Ley 26.363 como un organismo civil, técnico y autárquico, con la misión específica de reducir la siniestralidad vial. En ese sentido, los trabajadores señalaron que la agencia se financia con el 1% de los seguros automotores, sin representar una carga presupuestaria para el Estado nacional.
Entre sus funciones destacadas, mencionaron los controles de velocidad y alcoholemia, la coordinación de operativos junto a provincias y municipios, la implementación del scoring nacional de licencias, campañas de concientización, auditorías a talleres de RTO y prestadores médicos, y la atención gratuita a víctimas de siniestros a través de la Línea 149. También afirmaron que desde su creación las víctimas fatales en siniestros viales bajaron de 5361 en 2008 a 3894 en 2024, y que solo en el último año se controlaron más de tres millones de vehículos.
Desde la ANSV se sostiene que Gendarmería no podría asumir sus funciones de manera integral. Argumentan que la fuerza no cuenta con equipamiento homologado (como alcoholímetros, radares o PDA), no tiene formación técnica específica ni capacidad operativa para desarrollar controles sistemáticos, y participa en una proporción muy baja de los operativos viales que hoy realiza la Agencia. También señalaron que, a diferencia de la ANSV, Gendarmería no tiene cobertura nacional ni estructuras específicas para tareas de prevención y fiscalización vial.
El informe cuestiona además el diagnóstico en el que se basó el Decreto 461/2025, al que acusan de contener errores técnicos y jurídicos, como desconocer la ley que dio origen a la ANSV o sobreestimar la capacidad operativa de Gendarmería en este ámbito. De acuerdo a los trabajadores, solo el 6% de los operativos mensuales incluyen participación de Gendarmería, y esa asistencia es principalmente de carácter preventivo o de custodia.
Frente a esta situación, advierten que la eliminación del organismo implicaría un retroceso institucional en materia de prevención vial, además de interrumpir la articulación federal con provincias y municipios. También remarcan que, con apenas 700 empleados y 42 bases operativas, la ANSV logra cubrir una de las políticas públicas más extendidas en el territorio nacional.
Finalmente, el comunicado concluye que “la seguridad vial no es un gasto innecesario, sino una política pública que salva vidas”. La preocupación se enmarca en un contexto más amplio de reclamos por el estado de la infraestructura vial nacional y las competencias específicas que hoy corresponden a distintos organismos, como la Dirección Nacional de Vialidad, que tiene a su cargo la infraestructura, y no la fiscalización en ruta.
