El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy la declaración indagatoria del ex vicecanciller Roberto García Moritán, en el marco de una causa en la que se investiga la presunta oferta de un soborno de un millón de dólares a un funcionario uruguayo para la renovación del contrato de dragado del Río de La Plata. El pedido de indagatoria incluye también a Sergio Cetera, responsable comercial de la firma "Ríovia S.A.", en relación con los mismos hechos.
Según el fiscal, "el objetivo de la instrucción es determinar si un funcionario público argentino, García Moritán, y el empresario Cetera, ofrecieron al funcionario público uruguayo Francisco Bustillo Bonasso, presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata, la suma de un millón de dólares para que ejerciera la influencia derivada de su cargo sobre los miembros de la citada comisión y, por lo tanto, favorecer a la mencionada empresa para que obtenga la renovación del contrato de dragado del Río de La Plata".
Delgado recibió la delegación de la investigación por parte del juez federal Claudio Bonadio, y definió como pasos de la pesquisa "reconstruir si la reunión existió". "Tras varias diligencias de prueba infructuosas, un expediente administrativo arrojó luz sobre el punto. Se trata del sumario administrativo labrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto de la Nación. Allí García Moritán afirmó que el encuentro se desarrolló entre los meses de mayo y junio de 2010, en el Jockey Club y que compartió un rato de tiempo con Cetera y Bustillo Bonasso. Sin embargo, negó el ofrecimiento de un soborno", explicó el fiscal.
Pero el dato relevante sobre el supuesto soborno surgió del Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de Uruguay, del 12 de junio de 2012. En esa ocasión, según el dictamen del fiscal, Bustillo Bonasso "reveló que el Embajador Roberto García centralizó la charla haciendo referencia a que en la primera licitación, se había hablado de intentos de soborno por dólares un millón, los cuales entendía podían volver a repetirse".
"Las referencias citadas y el anuncio de parte del embajador Roberto García de que había invitado al Representante Comercial del Concesionario, Ingeniero Cetera, a sumarse al café, llevaron al suscripto a dar por finalizado el encuentro", declaró Bustillo Bonasso, según la documentación.
El fiscal imputó al ex vicecanciller y al empresario por el delito contemplado en el artículo 258 bis del Código Penal, que establece que "será reprimido con reclusión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones".
