El dato surge de un informe del legislador porteño de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, quien sostiene que, de esta forma, en el ámbito de la Unidad Administrativa de Control de Faltas (UACF) “se da una situación similar a la del juez Oyarbide en el plano nacional”, a quien sospechosamente le recaen las causas más sensibles.
Fuentes de la UACF, además, relataron que en los últimos seis meses se empezó a registrar una situación particular: los apoderados de las empresas de colectivos se presentan y piden que determinado controlador, que ellos eligen, unifique todos sus expedientes. En la actualidad, en ningún lado figura el listado de los controladores e incluso a Sánchez le exigieron que quite ese requerimiento de un pedido de informes.
Según publicó el diario Perfil, la situación de los controladores está viciada de sospechas desde 2007, cuando la Legislatura porteña aprobó la designación de 39 nuevos controladores, sin concurso público de por medio. Las denuncias se centran en que en la Ciudad de Buenos Aires, las empresas de transporte público automotor están sospechadas de tener un régimen especial para sus infracciones de tránsito.
El legislador sostuvo que en el caso de los colectivos del Grupo Plaza, de los de mayor presencia, el 33 por ciento de sus multas fueron a parar, supuestamente por sorteo, a las manos de un solo controlador. Lo curioso es que esa sobrecarga se produjo a pesar de que hay 82 controladores en total. El segundo controlador que más multas del Grupo Plaza recibió, sólo tuvo el 5 por ciento.
Un manto de sospechas en como Plaza cancela sus multas
Pero las sospechas no están solamente en este mecanismo, sino también en las multas en sí. Según el cálculo realizado por el equipo de Sánchez, entre 570 colectivos del Grupo Plaza, sobre un total de 800 que tiene, solamente se registran 1.747 multas. Es decir, apenas tres infracciones cometió cada colectivo en los últimos años (en el sistema figuran multas viejas, aunque hayan caducado), indicó Perfil.
Además, del total de la muestra de infracciones recavadas, el 49 por ciento se encuentra prescripta. Esto significa que la empresa de los Cirigliano no pagó la mitad de las multas de sus colectivos. En el caso de los particulares se da una situación similar, pero que queda en evidencia cuando hay que renovar el registro. Para los colectivos, sin embargo, no existe esa instancia.
En el plano judicial también hay sospechas en torno del sistema de multas para los colectivos. Si en la sede administrativa las multas no se resuelven, pasan a la órbita judicial. Pero tres jueces contravencionales se mostraron sorprendidos porque desde 2010 dejaron de recibir expedientes por multas de colectivos, por lo que entienden que todos los casos se están resolviendo en la instancia previa, con los controladores.
