Puentes, ensanche de rutas, repavimentaciones, autopistas, rotondas, accesos a localidades, defensas hídricas u obras menores con distintos avances de obra y saldos pendientes para terminar. Vialidad Nacional cuenta hoy con obras frenadas en 18 provincias.
En sintonía con el diagnóstico expresado por el Ministro de Obras públicas, Gabriel Katopodis, al iniciar su gestión, se estima que hay más de 70 obras viales frenadas en todo el país. Los datos surgen de un nuevo informe de Vialidad Nacional y las críticas apuntan a la gestión del organismo bajo la órbita del Ministerio de Transporte que condujo Guillermo Dietrich.
Un ejemplo se da en la Ruta Provincial 51, entre Bragado y Saladillo. Según los registros oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la obra tiene como fecha de inicio febrero de 2011 y en junio de 2018 tiene presentado el último certificado de avance. El trabajo quedó con un progreso del 65% y un saldo vigente para terminarla de $96.106.025,81.
Como este caso, la lista de Vialidad muestra otras 15 rutas paralizadas en la Provincia de Buenos Aires, nueve en Santa Fe; seis en Mendoza; seis en Entre Ríos; cinco en Córdoba; cinco en Río Negro; cuatro en Chubut; y cuatro en La Rioja, entre otras.
Cabe recordar, que durante el Gobierno de Mauricio Macri el sindicato de trabajadores viales (STVyARA) difundió un informe realizado por técnicos del organismo, cuya conclusión marcó que durante el Gobierno kirchnerista se licitaron en promedio 168 obras por año en contraposición con las 31 obras licitadas durante la administración macrista.
Las denuncias del gremio dieron cuenta de una reducción presupuestaria para Vialidad Nacional de más del 50% , deudas millonarias con las empresas concesionarias de rutas y traslado de fondos a Corredores Viales S.A.
Las lujosas vacaciones de Dietrich
Hoy el ex Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, pasa sus días haciendo surf en Australia, mientras avanza la causa judicial que lo apunta por prórrogas ilegales e irregulares a las concesionarias de peajes.
La denuncia fue encabezada por Graciela Aleñá, la titular de STVyARA, que puso el foco en el acuerdo entre el Estado Nacional (bajo la presidencia de Macri) y las empresas Ausol (que fueran de la familia de Macri hasta 2017)
El otro apuntado por la justicia es Javier Iguacel,último ex ministro de Energía de Macri y ex Administrador de Vialidad Nacional. La causa está en manos del fiscal Carlos Stornelli y el juez Rodolfo Canícoba Corral.
