El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseveró hoy que los bloqueos que mantiene el gremio de Camioneros en seis plantas de Techint constituyen "medidas extremas de carácter ilegal" que requieren de "la actuación de la órbita estrictamente judicial", mientras que desde la siderúrgica aseguraron que la sociedad "es rehén de prácticas extorsivas”.
En este sentido, consideró que "es insustituible el rol, el compromiso y la gestión de cada uno de los gobiernos provinciales para garantizar la plena vigencia del funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas".
Así lo planteó el jefe de Gabinete en su habitual conferencia de prensa, en la que consultado por los bloqueos que, desde el miércoles, el gremio de camioneros mantiene en seis plantas de la fábrica de acero Ternium Siderar en reclamo de la reincorporación de 17 trabajadores despedidos por la transportista Vilaltella y Vals, que prestaba servicios a la compañía del Grupo Techint.
En tanto, a través de una solicitada publicada bajo el título "Pará un poco" en la edición de hoy de los matutinos porteños, el Grupo Techint sostuvo que "la sociedad argentina está siendo rehén de prácticas extorsivas realizadas por el Sindicato de Camioneros".
"Esta metodología de fuerza es ilegal e ilegítima. Por eso, recurrimos a la Justicia mediante denuncias penales en donde están instaladas las plantas bloqueadas. Confiamos que la respuesta judicial será inmediata para poder retomar la actividad productiva", aseveró la siderúrgica en el texto.
En tanto, en sus declaraciones a la prensa de esta mañana, Capitanich destacó el desenvolvimiento "normal y habitual" de las negociaciones paritarias y consignó que, "en el transcurso de esta y la próxima semana estarían generándonse los acuerdos prácticamente del 90 por ciento de las negociaciones".
En ese marco, el jefe de Gabinete reafirmó que "las paritarias son libres", que cada una de ellas "es un mundo diferente", y que el rol que cumple el Estado se circunscribe a "generar las condiciones para que estas negociaciones se desarrollen normal, habitual y regularmente".
Sin embargo, planteó que "no es una cuestión fácil" y que, por ese motivo, "requiere de la voluntad de las partes y de un comportamiento racional de todos". En este sentido, remarcó que las fuentes de trabajo "dependen de la viabilidad económica y financiera de las empresas" y, a su vez, "las empresas necesitan de trabajadores calificados".
La respuesta de Moyano
Pero la respuesta del líder del sindicato y la CGT Azopardo, Hugo Moyano, no tardó en llegar. El gremialista afirmó que Capitanich, "no tiene ninguna autoridad" para hablar del conflicto que mantiene el gremio de Camioneros con la compañía Siderar y sostuvo que "lo que debería hacer el Gobierno es pedirle a la empresa que cumpla con la ley. ¿Un poco extremo, qué? ¿Qué quieren, que hagamos una marcha del silencio?", ironizó el sindicalista al replicar las palabras de Capitanich, quien calificó de "extremo" el bloqueo que lleva a cabo Camioneros en seis plantas de la siderúrgica.
Moyano también dijo que el jefe de Gabinete "está completamente desubicado" y aseguró que "lo mandan a decir cosas, pero no sabe lo que dice". El líder de la CGT también afirmó que el jefe de Gabinete "no tiene ninguna autoridad para hablar absolutamente de nada y menos de estos conflictos", y remarcó que "debería ser el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, el que tendría que tratar de pedirle a la empresa que cumpla con la ley".
"Que no hable y vaya a ver lo que está pasando en el Chaco, que han reprimido salvajemente a los trabajadores porque han hecho una protesta", sostuvo sobre la represión que la fuerza de seguridad del Chaco ejerció contra una movilización de estatales, desocupados y aborígenes frente a la Casa de Gobierno local, el miércoles pasado.
Siderar confirmó ayer que denunciará penalmente a Camioneros por restringir el acceso a sus plantas industriales de las localidades bonaerenses de Canning, Ensenada y Florencio Varela. Ese conflicto dio lugar a que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria el 26 de febrero pasado, cuyo período de validez finalizó "sin que las partes involucradas hubiesen alcanzado un acuerdo satisfactorio", sostuvo Siderar.
