La operadora multinacional APM, que controla la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), suma otro escándalo al conocerse la noticia de que por el puerto de Limón, en Costa Rica, se embarcaron 1,6 toneladas de cocaína hacia el puerto de Rotterdam, en Holanda. Tras salir a la luz pública esta situación, las entidades encargadas de seguridad, transporte, aduanas y comercio exterior buscaron culpabilidades ajenas.
La Terminal entró en operaciones a fines de febrero, y a dos meses y medio de su apertura oficial, ya se registró el primer incidente. Desde la empresa se desligaron de la situación, señalando que “en la actualidad no están en ejecución los mecanismos y herramientas necesarios para identificar y frenar el trasiego de drogas y otras sustancias ilegales”.
De esta manera, Kenneth Waugh, director general de APM Terminals, dijo que “la TCM cuenta con un escáner, pero no opera porque el Gobierno de Costa Rica aún no tiene listo el centro de monitoreo necesario para llevar a cabo esta labor” y echaron culpas al Ministerio de Transporte (MOPT) de esa situación.
Sin embargo, desde el gobierno costarricense aseguraron mediante un comunicado que “el centro de monitoreo de imágenes se promueve como una herramienta que apoya los controles interinstitucionales” aunque señalaron que “tal servicio es planteado como complementario en el Contrato de Concesión con APM, lo que significa que es voluntario y debe ser solicitado y cancelado por el exportador a APM”.
De momento, las autoridades estatales no se hicieron responsables del hecho. El Ministerio de Seguridad Pública sostuvo que el responsable de cuidar tales operaciones es “el Consejo Nacional de Facilitación (Conafac), instancia coordinada por Comex”, mientras que el Ministerio de Transporte no se expidió sobre el tema. Hacienda tampoco se hizo cargo y dijo que eso le corresponde “al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)”, aunque este se despegó y volvió a culpar a Hacienda.
Todo lo que parece ser un culebrón de mediocre calidad, resulta patético cuando se trata del propio comercio exterior, que ya se ha visto afectado por las políticas de vaciamiento operativo que aplica la autoridad JAPDEVA sobre las terminales de atraque estatales en claro beneficio a las terminales privadas de APM. Incluso ya aparecieron memes que piden la renuncia de funcionarios.
Las denuncias de los gremios
Este lunes vuelven a aparecer desiertos los muelles y empiezan a cobrar notoriedad las denuncias del sindicato portuario SINTRAJAP de semanas atrás, aunque desde el gobierno hicieron oídos sordos a cualquier tipo de cambio de política que no favorezca el monopolio portuario bajo la órbita de la MAERSK.
El SINTRAJAP, que conduce Antonio Wells Medina, apuesta a la vía judicial junto a legisladores, agravado ahora por el tráfico de drogas. Cabe recordar que el sindicato ya había realizado denuncias públicas contra el monopolio de APM tras la apertura de las nuevas terminales, lo que vació las operaciones en las terminales estatales administradas por JAPDEVA.
“Tenemos en marcha la vía legal por monopolio, denuncias con diputados y toda la sociedad movilizada. Esto parece no importarle a los políticos que continúan en su política de destruir el empleo y la localidad de Limón que vive de la actividad portuaria, como también el resto del país por lo que recaudamos”, indicó Wells.
Ahora se suman también por redes sociales denuncias de los habitantes de Limón que no pueden acceder a la playa por restricciones que la Empresa invoca, haciéndose dueña del litoral marítimo y costero.
Preocupación internacional
Desde la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), presente en 154 países, con 756 sindicatos y 20 millones de miembros, ya habían advertido su preocupación por las denuncias laborales en contra de la empresa. Recientemente, la Federación había manifestado su apoyo al sindicato desde el inicio del conflicto.
Para la central internacional “es el aparato político presidencial el que permite las condiciones operativas y el que debe poner un equilibrio al conflicto social que promete profundizarse”, sostuvieron hace más de un mes en las denuncias contra APM por monopolio.
“Recibimos el apoyo internacional, lo cual es estratégico para nosotros, ya que apuntamos a que se conozca la verdad de lo que sucede en Costa Rica, y los políticos deben dar la cara por la entrega de nuestro patrimonio a la APM y a la Maersk ”, señaló Wells, en su momento, antes de que estalle el conflicto entre la empresa y el Gobierno por la decomisación del cargamento de drogas.
