Coronavirus: los recibidores de granos cuestionaron a los empresarios por la seguridad sanitaria

Los trabajadores nucleados en la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA), protestaron contra las resoluciones emitidas por el Poder Ejecutivo, en el marco de la prevención del Coronavirus. Se obligó a levantar el paro previsto sobre la actividad de acopio, control y puertos privados que estaba previsto desde las 19 del viernes último y a las 6 del miércoles 25 de marzo.
Tras las presiones implementadas por los empresarios de la actividad, la cartera de Trabajo, que lidera Alejandro Moroni emitió la Resolución DI – 2020 -39 – APN -DNRYRT#MPYT, dónde se comunicó la implementación de la Conciliación Obligatoria en los términos de la Ley 14.786. Esto llevó a la Comisión Directiva Nacional de URGARA ha decidir acatar la misma.
“Tomamos la resolución con profunda preocupación. La medida no hace más que exponer nuevamente a nuestros representados a situaciones inseguras y no deseadas por nadie”, indicó en un comunicado Pablo Palacio, referente de URGARA, y añadió que  de este modo se “privilegia al poder económico de las multinacionales por sobre la salud y la vida de los trabajadores, situación que resulta realmente inaceptable”, remarcó.
Pablo Palacio
Desde el gremio argumentaron que “el dictado de esta resolución por parte del MTEYSS no es más que borrar con el codo, lo que el presidente escribió con sus manos.
Sin perjuicio de ello, mantenemos la firme convicción de que en esa instancia de negociación haremos valer nuestros legítimos y fundados argumentos, haciéndole ver a este Ministerio el error y la incongruencia en el que está incurriendo, ya que por un lado se dicta una cuarentena en el marco de prevención con el fin de combatir la propagación de los efectos lesivos del COVID 19, mientras por el otro se obliga a trabajar a miles de personas, en un sector reducido, atendiendo tripulantes extranjeros, con mínimos o escasos controles, pretendiéndolo hacer con jornadas extraordinarias ”. aseguró Palacio.

El lobby de los puerto privados que buscó no parar la actividad 

En los pasillos del sector portuario exportador de cereales argumentan que “la actividad no puede detenerse”, ya que la necesita el Gobierno en el marco de la actual crisis la liquidación de divisas. “Acá se beneficia a unas pocas empresa agroexportadoras que privilegian el interés económico por sobre el principio universal de la salud, la que se ve afectada ante tan tremenda pandemia”, remarcaron desde el sindicato al respecto.
En una nota, que fue distribuida a la prensa, URGARA  ratificó que hace “personalmente responsables a los directivos de la empresas agroexportadoras, ante tamaña irresponsabilidad cívica y moral. Ya que se obliga a sus trabajadores a prestar su fuerza de trabajo y correr riesgos de contagio de contraer la enfermedad en el difícil contexto de pandemia que se vive” , aseguran y recalan que “se acomodó la interpretación del texto del art. 6 del DNU 298/2020, para que diga lo que no dice”.
De este modo el sindicato sostiene qué existe “abuso” en la interpretación de la norma: “No hay dudas que las tareas a las que hoy se obliga a realizar a nuestros representados contra su expresa voluntad, son totalmente ajenas a la crisis asistencial que sufre nuestro país y el mundo entero. Cargar un barco para exportación a fin que un privado  lucre en época de crisis no representa una urgencia que amerite el acompañamiento por parte del Ministerio de Trabajo desconociendo los graves riesgos que acarrea la labor poniendo en peligro  su salud y la de otros ciudadanos argentinos”, explicaron.

El riesgo laboral que los empresarios buscan esconder 

La nota, que tomó estado público, carga duramente contra todo el sector empresario. “Sin perjuicio de todo lo expuesto la muestra efectiva de que nuestra protesta es justa y la labor riesgosa en estos momentos lo acredita que el mismo Ministerio en su Resolución  impone al sector empresarial a extremar los recaudos de protección, los cuales brillaban por su ausencia a nuestra declaración, por lo cual reconoce nuestro reclamo y legitimidad”, aseguraron.
“A pesar de ello y por un imperativo legal  se aclara que en cumplimiento de la medida los trabajadores cubrirán sus jornada de trabajo tal como se encuentra estipulado en el CCT y LCT, no viéndose obligados a realizar mayores tareas que pongan en riesgo -aún más- su salud y su integridad física”, se explicó.
“La lucha no cede a pesar de todo y la URGARA seguirá reclamando en las formas que correspondan en defensa de lo más sagrado que tiene el pueblo argentino. Sus trabajadores”, finalizó el documento que lleva la aprobación de toda la Comisión Directiva Nacional URGARA.