Un sector de trabajadores de reparto a domicilio de las empresas Glovo, Rappi y PedidosYa, entre otras, cumplió ayer una huelga general de 24 horas que se reiteró en otros cinco países, en demanda de un aumento salarial y el cese de la precariedad laboral. En tanto que ASiMM, que agrupa a la mayoría de los empleados de la actividad, desconoció la medida y criticó su convocatoria.
La organización argentina con personería gremial que agrupa a ese personal (Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios -ASiMM-) que lidera Marcelo Pariente, expresó que la medida de fuerza de hoy fue promocionada desde “las redes sociales”, aunque puntualizó que “desconoce” quién o quiénes “estuvieron detrás de ella”.
“La ASiMM lucha desde hace años y prácticamente en soledad en rechazo del modelo de relación laboral que procuran imponer las plataformas. En su momento obligó a elegir a la primer Comisión Gremial Interna de esas aplicaciones en el mundo y, los métodos de canalización de esa pelea, siempre son decididos en los ámbitos orgánicos respectivos”, destacó Pariente.
Las Apps un modelo exitoso para el fraude laboral
Para el dirigente gremial, la lucha contra esas plataformas “es irrenunciable y permanente” y continuará hasta lograr “el respeto de los derechos”, y dijo no compartir “los reclamos que son funcionales al modelo de fraude laboral”.
“El gremio no quiere un aumento en las ganancias sino salarios dignos y el reconocimiento a los trabajadores. No desconoce la actual importancia de las redes sociales, pero las luchas virtuales en facebook e instagram solo serán parte de la agenda cuando impacten en el mundo real y sean funcionales a la causa de los mensajeros y repartidores”, señaló el sindicalista.
En su momento, el conflicto gremial que impulsó la ASiMM–que integra la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF)— en demanda del cumplimiento de la Ley de Tránsito de la ciudad de Buenos Aires y del convenio colectivo de trabajo, que entre otras cosas prevé la provisión de casco y otros elementos de seguridad por parte de las empresas, derivó en su judicialización a partir del incumplimiento de las normativas por las autoridades metropolitanas.
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta apeló la resolución favorable al gremio, aunque todas esas instancias oficiales fueron rechazadas, por lo que el conflicto está hoy en manos de la Corte Suprema porteña para su resolución.
