Así lo resolvió la Sala I del Tribunal al ordenar al juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa, que solicite un nuevo peritaje para avanzar en la causa luego de evaluar que fue"prematuro" el sobreseimiento para el ex funcionario. La línea aérea LAFSA SA fue creada por decreto 1238 en el 2003para operar junto a Southern Winds, pero según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) y datos aportados por la Oficina Anticorrupción (OA), nunca se dispuso un órgano de coordinación que debía controlar a ambas compañías.
"No se sabe si alguna vez se constituyó el órgano de coordinación", aseguró la Cámara, y en virtud de ello concluyó que es "prematura" la decisión de "desvincular definitivamente a los encausados del presente proceso".
Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero recordaron que no se tuvo en cuenta el informe de la AGN invocado por la fiscalía interviniente en el caso, respecto a la supuesta falta de controles necesarios y suficientes "que permitan opinar sobre la razonabilidad en la utilización de combustible por parte de SW, como tampoco de la real prestación de servicios por parte del personal incorporado a LAFSA".
"Respecto de aquella vinculada con la provisión de combustible, resulta de utilidad traer a colación lo expresado por la parte querellante, en lo concerniente a que ´entre las irregularidades detectadas por la SIGEN, se pusieron de manifiesta distintas anomalías en orden a la documentación respaldatoria tendiente a acreditar el pago de facturas por combustible".
"Lo expuesto hasta aquí amerita la revocatoria de la resolución impugnada, debiendo el juez de la anterior instancia profundizar la investigación en el sentido indicado en los párrafos que anteceden", sostuvieron los camaristas. Además, le piden a Torres que evalúe la conexidad de la causa a su cargo con otra investigación que lleva su par Daniel Rafecas, en la que se investiga la no conformación del organismo de coordinación entre las empresas intervinientes". "No se puede descartar la existencia de maniobras ilícitas tendientes al desvío de fondos públicos, a través del pago de facturas por combustibles que beneficiaron a terceros particulares", concluyeron los jueces en el caso.
