Un reciente informe elaborado por la Agencia NOA para la Federación Patronal de Seguros volvió a poner en evidencia la gravedad de la siniestralidad vial en Tucumán. Durante 2024, la provincia registró 335 víctimas fatales por accidentes de tránsito, además de cientos de personas heridas, muchas con consecuencias físicas permanentes. El informe también advierte sobre el elevado impacto económico que genera esta situación en los sistemas de salud, las obras sociales, el Estado y las compañías aseguradoras.
A este costo directo se suma un efecto menos visible pero igual de preocupante: el encarecimiento de las pólizas de seguros en toda la región. Según el director de la Agencia NOA, Tucumán es uno de los territorios más peligrosos para conducir del país, y esa condición se refleja en mayores costos para los conductores locales y de provincias vecinas.
El informe identifica múltiples causas que se combinan para agravar el problema: exceso de velocidad, distracciones al volante, consumo de alcohol y drogas, escaso uso de elementos de seguridad (como el casco), fallas en los controles viales, deterioro de la red vial y un parque automotor envejecido.
En rutas como la 157, entre Atahona y Río Colorado, o la 301, entre Concepción y Aguilares, los fines de semana y durante la noche se observan altos niveles de peligrosidad por la presencia de motocicletas y bicicletas sin luces, que circulan por banquinas en mal estado, pese a las mejoras en iluminación. En las zonas urbanas, el caos del tránsito, especialmente por parte de las motos, agrava la situación. Se estima que el 80% de los motociclistas que llegan a los hospitales no utilizaban casco.
Ante este escenario, los especialistas insistieron en la necesidad urgente de una política integral de educación vial desde edades tempranas, y en la capacitación constante de los agentes encargados de los controles. En diciembre pasado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) firmó convenios con el Gobierno de Tucumán y municipios como Yerba Buena y la capital para capacitar a funcionarios y agentes. Además, se lanzó una campaña de concientización sobre el uso del casco, impulsada por la ANSV junto a ONG, empresas e instituciones.
Sin embargo, los expertos advierten que estas iniciativas aisladas no alcanzan. Plantearon que es necesario un compromiso más amplio por parte de municipios y comunas para enfrentar esta emergencia vial que, lejos de resolverse, sigue cobrando vidas y generando pérdidas que afectan a toda la comunidad.
