Distintas organizaciones de familiares, víctimas y sobrevivientes de siniestros viales expresaron un contundente rechazo al Decreto 461/2025, mediante el cual el Gobierno nacional dispuso la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). A través de un comunicado difundido por redes sociales y plataformas institucionales, manifestaron su “indignación ante el desmantelamiento de las herramientas del Estado nacional destinadas a resguardar la seguridad vial”.
La declaración fue firmada por colectivos como Víctimas, Familiares, Amigos y Sobrevivientes de Siniestros Viales de la República Argentina y organizaciones como la Fundación Unidos por el Dolor, que calificaron al cierre de la ANSV como “una traición a la memoria de quienes perdimos familiares y amigos en las rutas y calles, y un desprecio absoluto por la vida de millones de argentinos”. Además, denunciaron que, pese a múltiples intentos por dialogar con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, no obtuvieron respuesta alguna y fueron “deliberadamente excluidos de una decisión que afecta directamente nuestros derechos”.
El repudio se amplifica entre especialistas, extrabajadores y referentes de la seguridad vial. Pablo Martínez Carignano, extitular de la ANSV, alertó que “la infraestructura vial detonada es un factor de riesgo acuciante” y que con la eliminación del organismo se pierde la única estructura federal que regulaba la Licencia Nacional de Conducir, coordinaba estadísticas oficiales de siniestros, auditaba talleres de RTO y controlaba los radares en rutas. “Va a haber un incremento de muertes evitables”, advirtió, al igual que Diego Molina, miembro fundador de Conduciendo a Conciencia, y padre de una de las víctimas de la tragedia de Ecos.
Según información del diario La Nación, la ANSV logró reducir en un 28% la cantidad de muertes por siniestros viales desde su creación en 2008. Además, su plan de seguridad fue distinguido internacionalmente por el Banco Mundial y recibió el Premio Príncipe Michael de Kent a la Seguridad Vial. Sin embargo, el Gobierno sostiene que su cierre representa un ahorro de 100 millones de dólares anuales y que sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Transporte, algo que especialistas consideran inviable. “No es un organismo burocrático: era un pilar técnico, federal, y de asistencia directa a víctimas y provincias”, expresó Carignano.
Desde las organizaciones anticiparon que evalúan presentar recursos judiciales colectivos para frenar el decreto. “La ANSV salvaba vidas. Hoy el Estado nos da la espalda. Exigimos su restitución inmediata”, concluye el comunicado.
