La Justicia francesa sentenció que Uber deberá pagar 1,2 millones de euros a una agrupación de choferes denominada Unión Nacional de Taxis (UNT) ya que los choferes de la empresa recogieron pasajeros en la vía pública, acción que tenía prohibida.
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La UNT había presentado una denuncia contra Uber por la "ambigüedad" en la comunicación de la empresa con sus conductores, a los que hablaba de la posibilidad de aparcar en la calle con la idea de captar personas que quisieran hacer una carrera sin reserva previa.
En diciembre de 2014, el Tribunal de Comercio había instado a la filial francesa de la empresa estadounidense a que retirara cualquier mensaje que presentara como lícito "el hecho de detenerse, aparcar o circular" por la vía pública "en espera de clientes sin ser titulares de una autorización reservada a los taxis".
El Tribunal de Gran Instancia de París consideró que, a comienzos de 2015, no sólo que no estaba respetando esas obligaciones, sino que incitaba a los choferes a colocarse en puntos de fuerte demanda. En una primera reacción al fallo del Tribunal de Apelación, el presidente de la UNT, Alain Griset, se felicitó en un comunicado de este dictamen y recordó que su organización, desde 2014, "multiplica los recursos contra la multinacional Uber para que cese la organización de taxis clandestinos".
