El Frente Sindical de Acción Climática (FSAC), el cual reúne a sindicatos y organizaciones sociales comprometidas con la defensa del ambiente y la promoción de la justicia climática, elaboró un informe crítico del Decreto 340/2025, con especial atención en el Anexo “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”. En el documento, afirmaron que “representa un avance sustancial del paradigma de la desregulación sobre los principios del trabajo decente, la soberanía y la justicia social”.
En ese sentido, indicaron que “su implementación sin salvaguardas laborales ni ambientales podría agravar las desigualdades estructurales en el sector”. Además, aseveraron que también consolidaría “una forma de exclusión normativa que contradice los compromisos internacionales del país”.
Mariano Moreno, Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo y miembro de la Comisión Directiva de la FSAC, afirmó que “este decreto genera un impacto directo en los derechos laborales”, ya que “debilita tanto las garantías previstas por la Ley de Navegación como los convenios colectivos al permitir condiciones contractuales extranjeras”. También denunció que “pone en riesgo la participación sindical en la determinación de dotaciones mínimas, provocando un profundo debilitamiento a la articulación de los gremios y las relaciones laborales del sector”.
Por otro lado, aseguró que “la derogación de la obligación de contratar astilleros nacionales y la eliminación de las barreras para importar buques ataca directamente la capacidad industrial y estratégica nacional”. Por último, informó que al no preverse procesos de reconversión laboral, formación profesional ni evaluaciones ambientales, “atenta a los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Acuerdo de Paris sobre mecanismos de transición justa”.
En el documento emitido por el FSAC, identificaron como los principales cambios del Decreto la redefinición del transporte fluvial y marítimo como “esencial” y restringiendo así el derecho a huelga, la flexibilización normativa amparada en la emergencia económica, el cese provisorio de bandera nacional hasta por 10 años, la flexibilización laboral para contratar libremente tripulación sin intervención sindical y fuera del régimen laboral nacional, y la autorización de buques extranjeros para el cabotaje nacional en caso de “indisponibilidad”.
Así, recomendaron revisarlo inmediatamente en el Congreso de la Nación y su posible rechazo por “afectar derechos fundamentales”, la intervención de la justicia laboral y constitucional por “vulneración de derechos adquiridos y competencias sindicales”, la elaboración de una propuesta de ley marco de transición justa para el sector naval “que contemple reconversión productiva, empleo decente y criterios ambientales”, y la “articulación de sindicatos marítimos y fluviales con organizaciones ambientales y de derechos humanos para visibilizar los impactos del decreto”.
Cabe destacar que el colectivo FSAC está conformado por diversos sindicatos de distintas ramas comprometidos con la acción climática y la visión de una transición justa, y tiene como misión “impulsar la transición hacia una economía sostenible, con empleos verdes y derechos laborales garantizados”.
