El empresario Cirigliano, está preso por presunto ocultamiento de pruebas en la investigación que realiza el juez federal Claudio Bonadío, quien lo derivó al hospital de la cárcel de Ezeiza a raíz de problemas cardíacos. También pidieron su libertad el presidente de TBA, Carlo Michelle Ferrari, y el apoderado legal de la empresa, Carlos Lluch, todos alojados en Ezeiza por haber retirado de la empresa documentación necesaria para hacer las pericias contables ordenadas por el juez.
Los detenidos aducen que los papeles fueron retirados de la sede de la empresa en la estación Retiro, luego de que el gobierno dispusiera la caducidad de las concesiones ferroviarias sobre las líneas Sarmiento y Mitre. El juez ordenó la semana pasada el allanamiento de la otra empresa de Cirigliano, ENFER, donde de acuerdo a una denuncia habrían sido conducidos esos documentos y una parte de ellos incinerados.
Por la misma razón habían sido detenidos también los ex gerentes de operaciones, Darío Tempote, y de administración y finanzas, Daniel Rubio, pero ya fueron liberados. El pedido de los imputados deberá ser resuelto por la Sala II de la Cámara Federal que ahora debe fijar fecha para una audiencia donde se expongan las razones de las partes.
