La vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, justificó ayer el incremento de 160 pesos sobre el valor vigente hasta ayer, y dijo que "necesitaba una actualización". Vidal no se refirió a la nueva licitación de este servicio, ni tampoco a cómo se otorgarán las nuevas concesiones de estacionamiento medido que comenzarán a implementarse en varios barrios de la ciudad conforme a la Ley 4003 aprobada a fines de 2011, informa Tiempo Argentino.
"Al gobierno no le importa tanto la multa como las infracciones de tránsito en general, (sino) que todos empecemos a ser más conscientes de cómo manejamos y dónde estacionamos", dijo la vicejefa porteña al justificar el aumento.
En declaraciones a la prensa al finalizar el acto en conmemoración de la Independencia argentina, en la Plaza de Mayo, Vidal argumentó que el acarreo "requería un ajuste", ya que "no se actualizaba desde 2008". Entonces, el aumento había sido mucho menor: pasó de 150 a 190 pesos. Vidal hizo hincapié en el supuesto objetivo concientizador del mismo, y reiteró que "lo más importante no es cuánto se recauda, sino que todos sean conscientes de dónde dejan el auto cuando se lo deja" en la calle.
Las concesiones
El estacionamiento medido y las grúas de la ciudad son responsabilidad de las empresas Dakota (STO), en la zona norte, y BRD (SEC), en el sur. Las concesiones fueron otorgadas por Carlos Grosso en 1990 y vencieron hace once años, y el gobierno porteño las extendió sistemáticamente. Recién en 2011 se incluyó en la Ley 4003 una cláusula que exige la implementación del nuevo marco regulatorio en el plazo de un año a partir de la promulgación. Ese plazo caduca a finales de 2012, tras lo cual el Poder Ejecutivo debe hacerse cargo de brindar el servicio por su propia cuenta.
El servicio del acarreo, que según información de la Subsecretaría de Tránsito de la Ciudad, levantó durante 2011 unos 12 mil autos, generó diversas denuncias de asociaciones de vecinos por el "abuso" de la modalidad.
Dos agrupaciones vecinales presentaron un petitorio al gobierno porteño en 2009 para que se verifique "el presunto proceder incorrecto de las grúas que removerían coches bien estacionados en las calles de Buenos Aires". El pedido motivó un dictamen de la Defensoría del Pueblo, en el que advirtió "a las empresas de grúas y controladores de faltas que no apliquen indiscriminadamente el secuestro de autos mal estacionados", y agregó que "el acarreo debe realizarse con el criterio restrictivo que indican las normas".
En el dictamen, se señala que el gobierno de la ciudad "autorizó a las empresas concesionarias del Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido a remover los vehículos en infracción, aun en el caso de que el vehículo no constituya un obstáculo o peligro para la circulación, requisitos fundamentales que exige el Código de Tránsito y Transporte para su acarreo".
