El funcionario nacional explicó que se decidió suspender el contrato con el consorcio encabezado por la compañía inglesa Global Infrastructure (GI) ante los elevados montos que se establecieron para sus servicios y que ascendían a 17 millones de dólares. Por otra parte, Randazzo reiteró que "está planteado" descongelar las tarifas del transporte público también para los usuarios que posean la tarjeta magnética del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), aunque aclaró que ese es un "desafío para más adelante".
"Estamos haciendo una revisión integral de lo que tiene esta secretaría y, en el caso de la supervisión del SUBE, primero nos llamó la atención el monto de la contratación, cercano a los 17 millones de dólares, cosa que es llamativa cuando nosotros, para el desarrollo de todo el Documento Nacional de Identidad gastamos 18,6 millones de dólares", indicó.
El ministro agregó, en una entrevista con el diario Tiempo Argentino, que ese valor "para una supervisión del SUBE nos pareció un poco caro" y señaló además que "encontramos alguna anomalía" en el contrato. "Lo primero que hicimos fue suspender el contrato, los pagos, y no descartamos rescindir el contrato", acotó.
Randazzo reiteró también que se analiza "descongelar" las tarifas del SUBE, pero remarcó que "lo único que ponemos en marcha desde el 6 de agosto es la universalización del uso de la tarjeta SUBE", que establece la quita de los subsidios para quienes no utilicen el plástico. "Está planteado. Es un desafío que tenemos por delante, pero este es un proceso, no un suceso", subrayó el funcionario nacional respecto a la quita segmentada de los subsidios para quienes posean la tarjeta SUBE.
Respecto al transporte, Randazzo indicó que uno de los objetivos es ir "abandonando definitivamente lo que fue el régimen de concesiones de la década del '90. Una concepción neoliberal en la cual el Estado se desentendía de un servicio esencial".
Al respecto, explicó que el gobierno busca ahora "pasar a una concepción de mayor intervención y regulación del Estado" y afirmó: "Hay una decisión política de que el Estado regule y controle el Transporte".
