Jaime concurrió esta mañana temprano a Comodoro Py junto con su abogado y, ante el juez federal Luis Rodríguez, presentó un extenso escrito negando todo tipo de responsabilidad en la acusación por haber otorgado dos licitaciones: para la refacción de 120 vagones del ferrocarril Belgrano Norte que explota la firma Ferrovías; y para estaciones de dicho ramal. La acusación contra el ex secretario de Transporte es por el manejo discrecional de fondos en el otorgamiento de la licitación para ambas contrataciones, que fueron adjudicadas a la firma EMEPA, del grupo empresario Romero.
A la licitación se presentaron el Grupo Cirigliano, el cual quedó bajo la lupa por el accidente ferroviario en Once y a partir del cual se le quitó la concesión del ramal Mitre y Sarmiento, y aquel que lideraba Sergio Taselli, quien en ese entonces tenía la explotación del Roca y San Martín.
La licitación otorgada a la firma EMEPA fue por 100 millones para el arreglo de vagones, pero también se le atribuye a Jaime haber adjudicado unos 6 millones para la remodelación de 22 vagones de la línea Belgrano Norte. Al pedir su indagatoria, el fiscal federal Carlos Stornelli consideró que existían elementos para sospechar que Jaime en forma directa otorgó la concesión de las obras a EMEPA.
Según el extenso escrito presentado por Jaime y su abogado Andrés Marutian, el ex funcionario aseguró que cuando él inició su gestión al frente de la Secretaría de Transporte, en 2003, la licitación ya estaba preadjudicada. Incluso, que esas dos resoluciones de la Secretaría de Transporte con el otorgamiento de ambas contrataciones fueron luego ratificadas por un decreto del Poder Ejecutivo.
Jaime fue procesado hace pocos días por el juez federal Claudio Bonadío quien lo consideró responsable por la falta de control en los subsidios que recibía la firma TBA, de los Cirigliano, en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de Once. Además, Jaime es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito al mismo tiempo que su familia, y actualmente se está realizando una pericia contable sobre sus bienes que demorará al menos un mes más y la cual está a cargo de peritos de la Corte Suprema de Justicia.
