El Gobierno nacional decidió ayer separar a dos funcionarios nacionales y al asesor de una senadora del Frente para la Victoria (FPV), involucrados en la supuesta "estafa" con asociaciones de consumidores y bancos, que había denunciado el lunes la presidenta Cristina Kirchner, durante un acto en la Casa Rosada.
Se trata de Juan de Dios Cincunegui, vicepresidente de Aerolíneas Argentinas e interventor desde noviembre en la empresa Intercargo; Luis Romiti, director nacional de Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente; y Eduardo Baeza, asesor con sueldo de la senadora nacional Nanci Parrilli (hermana del secretario general de la Presidencia).
Las críticas presidenciales se habían centrado en la asociación de defensa del consumidor Adecua, a la que acusó de montar una "estafa" en connivencia con un juez y seis bancos, al sostener que perjudicaron por un total cercano a los $ 367 millones a más de 1.700.000 clientes que reclamaban indemnizaciones por el cobro indebido de comisiones bancarias. Pero una investigación del diario de tirada nacional La Nación reveló que tres de los abogados que participaron de esa situación estában desempeñando tareas para el Estado.
En tanto, ayer por la tarde transcendió que Romiti y Cincunegui habían presentado su renuncia, mientras que Baeza fue dado de baja de la plantilla de asesores de la senadora Parrilli. "Cuando se trata de funcionarios, hay una cola larga de jueces para hacer justicia; cuando se trata de privados o de bancos, no. Hay que repensar la administración de justicia", había reclamado la Presidenta este lunes, para luego reiterar sus críticas contra el Poder Judicial, al que indicó que hay que "democratizar".
"Además de la figura de enriquecimiento ilícito, está en el Código Civil una figura que se llama enriquecimiento sin causa, un equivalente en el sector privado. Es cuando alguien se enriquece indebidamente porque embromó a otro. Este es el caso, son un 367 millones de pesos que les correspondían a sus clientes", resaltó la presidenta el lunes pasado. Luego, la Presidenta trazó una comparación entre lo que considera que ocurre cuando el imputado es un funcionario y cuando se trata de alguien en el sector privado.
