El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), como en oportunidades anteriores, rechazó el nuevo aumento de las tarifas de peaje en las Autopistas Urbanas (AUSA), por “inapropiado, abusivo, injusto, ilegal, discriminatorio y carente de todo fundamento técnico – económico”. De esta forma, el CONADUV comunicó que no estará presente en la audiencia pública convocada por el Gobierno porteño a llevarse a cabo mañana en el Centro Cultural Adán Buenosayres.
Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), sostuvo que “ha quedado demostrado claramente que las audiencias públicas convocadas en todas las oportunidades, han sido y siguen siendo, un lamentable show montado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transformándose en una verdadera burla y falta de respeto hacia los usuarios viales”.
Además agregó que en dichas audiencias, no vinculantes, “solo se escucha el lamento del concesionario vial AUSA y cómo restablecer su ecuación económica – financiera, sin tener en cuenta para nada la relación beneficio/costo del usuario vial. La Audiencia Pública es un requisito obligatorio, pero no vinculante, y tal cual como viene sucediendo, se terminará aplicando el nuevo esquema tarifario propuesto por la administradora de las autopistas urbanas. El usuario vial, ¡bien gracias!”
Además afirmaron que otro argumento que esgrime en forma permanente el Gobierno porteño, es que el aumento de las tarifas de peaje se implementa para desalentar el uso del automóvil. “La realidad es que para lograr en forma efectiva desalentar el uso de los vehículos, es contar con un transporte público de pasajeros de excelencia, cosa que de ninguna manera ocurre”, aseveraron.
Para finalizar, el CONADUV reiteró que el objetivo principal del macrismo es “hacer caja, a costa del esfuerzo de los usuarios viales que tenemos que soportar este falso peaje o impuesto al tránsito”. Asimismo, lamentaron “la indiferencia de la gran mayoría de los legisladores porteños, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, como así también del Ente Regulador de los Servicios Públicos”.
